Santo Domingo. La reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 de Régimen Electoral marca un hito en el debate sobre las candidaturas independientes en República Dominicana. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, respaldó esta decisión desde el inicio, calificando como “irrazonables” las limitaciones impuestas por la normativa a los ciudadanos que desean postularse sin el apoyo de partidos políticos.
En su dictamen previo al fallo, Germán Brito afirmó que los artículos impugnados violaban el principio pro-participación al exigir la creación de una agrupación política como requisito. “Se observa una afectación al derecho fundamental de participación política mediante candidaturas independientes,” sostuvo, subrayando la necesidad de que el Congreso regule este derecho con mayor eficacia.
El pasado 27 de noviembre, el pleno del TC acogió la acción directa de inconstitucionalidad presentada por el jurista Alberto Fiallo Billini, cuya candidatura a la senaduría del Distrito Nacional había sido rechazada por la Junta Central Electoral (JCE). La sentencia exhorta al Poder Legislativo a modificar la ley para incluir a “organizaciones cívicas y sociales” como base para sustentar las candidaturas independientes, eliminando la exclusividad de las agrupaciones políticas.
Sin embargo, la decisión ha generado divisiones. Mientras algunos sectores celebran el fallo como un avance hacia la pluralidad y la inclusión política, otros, como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), expresan preocupación por el surgimiento de una “razón antipolítica” que podría desvirtuar el sistema democrático.
El delegado político del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sigmund Freund, cuestionó los efectos prácticos de la sentencia. “¿Qué pasará si cualquiera puede inscribirse como candidato sin requisitos previos? Esto podría desorganizar el sistema electoral y complicar la distribución de votos y fondos,” advirtió.
Además, Freund reveló que partidos tanto oficialistas como opositores se reunirán próximamente para discutir una posición unificada ante el dictamen del TC. Estas deliberaciones serán cruciales para definir el futuro del sistema electoral en el país.
La Ley 20-23, vigente actualmente, requiere que los ciudadanos que aspiren a candidaturas independientes cumplan con requisitos equiparables a los de los partidos políticos, como la creación de una organización con cuadros directivos y un programa definido. La sentencia del TC exhorta a modificar estos parámetros, ampliando las opciones para la participación política mediante estructuras más inclusivas.
La postura de la Procuradora Germán Brito destaca como un llamado a garantizar el acceso equitativo al ejercicio democrático. Desde el inicio, señaló que los artículos anulados limitaban de manera injustificada los derechos de los ciudadanos, y su respaldo al fallo reafirma su compromiso con un sistema político más justo e inclusivo.
Este fallo no solo plantea un desafío al Congreso Nacional para legislar de manera adecuada, sino que también abre un nuevo capítulo en la lucha por el equilibrio entre la representación democrática y el fortalecimiento del sistema de partidos. Con posiciones polarizadas y reuniones clave en puerta, el debate sobre las candidaturas independientes promete redefinir el panorama político dominicano.
